Tener una de las leyes más duras del mundo no impide que el aborto sea una práctica constante en El Salvador, pero la interrupción segura del embarazo solo está al alcance de mujeres con recursos económicos suficientes o contactos adecuados. Las demás se arriesgan a procedimientos insalubres y penas de cárcel, o mueren en un sistema de salud público que, por ley, está atado de manos incluso cuando la muerte de la madre es inminente.